Sin embargo, como cualquier jurista conoce, la obligatoriedad jurídica se formula lingüísticamente a través de enunciados que, en el caso de las leyes imperativas (en este caso de los decretos de Educación para la Ciudadanía) tienen carácter obligatorio.  Los enunciados jurídicos imperativos si pueden vulnerar los derechos fundamentales; a título de ejemplo, una norma jurídica que autorizase la violencia contra la mujer vulneraría de manera flagarante el derecho fundamental de la mujer a su integridad física y moral. 

• El TSJA afirma que la supuesta vulneración de derechos fundamentales solo puede afectar al acto concreto de las enseñanzas de las asignaturas que afecten a la libertad ideológica o religiosa.

Según este argumento, para oponerse a la norma (en este caso la imposición obligatoria de Educación para la Ciudadanía) hay que esperar que la norma se aplique. Es decir, el padre podrá defenderse legalmente de los efectos de la asignatura cuando el daño moral ya esté hecho y sea irreversible.